Largas,
silencio administrativo, cambios de reglas y golpes a los opositores han
signado los trámites para pedir el revocatorio del mandato de Maduro
Plaza Bolívar, Municipio Mauroa/Falcón
HERNÁN LUGO-GALICIA
MARU MORALES
MARÍA FERNANDA SOJO
El camino al
revocatorio es un vía crucis, ironizan en predios de la MUD, al contar la serie
de obstáculos que han tenido que sortear desde que decidieron tomar esa ruta
política, como solución a la crisis en Venezuela.
Desde inicios del año, han tenido que pasar un
“misterio doloroso” ante el Consejo Nacional Electoral: Un total de 7 alcabalas
solo en la fase I, de “Legitimación de Organizaciones Políticas”;
y 6 trabas en la fase II, “Cumplimiento de los Requisitos
Constitucionales para la solicitud de un Referéndum Revocatorio”, que
apenas comienza el 13 de junio y debe culminar el 26 de junio.
TEMOR. El retardo del Poder Electoral de entregar la planilla a la
organización convocante. La primera solicitud se hizo el 9 de marzo pero fue
rechazada porque hablaba de “activar el revocatorio” y, a
juicio del CNE, debía pedir la legalización de la organización convocante. Hubo
una segunda carta, el 15 de marzo, a la cual se le dio largas porque la
presidente Tibisay Lucena estaba en una reunión de Unasur y no hubo directorio.
La entrega de la planilla debió hacerse el 10
de abril, pero fue el 26 de ese mes. “El CNE cedió luego de 77 saqueos en
Zulia”, afirmó el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba.
El representante electoral de la MUD, Vicente
Bello, recuerda que el 26 de abril aplicaron el racionamiento eléctrico y hubo
protestas por este problema y la escasez de alimentos: “El CNE aceptó entregar la
planilla por las presiones en la calle, de la Asamblea y de instancias
internacionales”.
CAMBIOS
EN LA NORMA. Entre el
27 y el 29 de abril la oposición recogió las firmas (2,3 millones), pero la
afluencia de personas en los toldos generó que el CNE hiciera otro cambio en la
Norma de Referéndum. Las rúbricas debían procesarse en 30 días, no 5 ni en 3.
La Mesa peleó y acordó llevar las cajas a los depósitos del CNE, en Filas de
Mariche. “Teníamos información de que planificaban un sabotaje; las entregamos
pero el CNE levantó unas actas. Ese forcejeo llevó una semana”, dijo
Bello.
La MUD, Súmate, el Observatorio Electoral
Venezolano y la Red de Observadores de la Asamblea de Educadores denunciaron
que se modificó el reglamento para exigir 1% de las firmas en los estados, a
pesar de que un revocatorio tiene las características de una elección
presidencial y, por tanto, ese porcentaje debió ser nacional. “Eso
contraviene la Ley de Partidos Políticos que exige a los partidos 0,5% de las
firmas en 12 estados”, alertó Bello.
Compromiso Ciudadano, Centro de Estudios
Políticos de la UCAB, Ciudadanía Activa, Comisión de Derechos Humanos de Zulia,
Control Ciudadano y Transparencia Venezuela calificaron de “delicado” el
establecimiento de procedimientos no contemplados en la normativa: “El
CNE debe cesar el retraso y obstrucción del derecho a la participación de los
ciudadanos”.
El abogado Ramón José Medina rechazó las
trabas y acusó al CNE de desvirtuar el derecho a la participación y que la
democracia es protagónica y participativa.
ARBITRARIEDAD. En la auditoría de firmas, la Mesa de la Unidad registró, al
menos, otras cuatro trabas o disposiciones que no estaban en la norma: 1)
transcripción de las planillas; 2) escaneo de planillas, de firmas y de
huellas. 3) análisis grafológicos y dactiloscópico en el papel o en las
planillas, a pesar de que el Poder Electoral tiene una plataforma con las
huellas y podía usarla cuando fueran a validarlas, y 4) examinó la escritura,
nombre del funcionario por revocar, el estado de los electores y encabezado de
las planillas, que conllevaron a la anulación de 605.000 firmas. Los
nuevos parámetros de verificación, no previstos en el reglamento, significaron
22 días, desde el 10 hasta el 31 de mayo, cuando el equipo técnico del CNE
entregó el informe al directorio.
“En el CNE hay todo un entramado de manipulación para distorsionar
su propia normativa e impedir que las cosas se hagan en los plazos fijados y
que se llegue al revocatorio antes del 10 de enero”, cuestionó Medina.
EMBARQUES. El CNE tenía 5 días continuos para constatar si la MUD cumplía con
el número de firmas requerido. Se tomó 7 días. Luego, su directorio agarró 10
adicionales para revisar el informe técnico y anunciar la convocatoria a
validación, lapso que tampoco está en las normas. “La fecha de la validación fue
notificada luego de que golpearon al diputado Julio Borges y esa foto recorriera
el mundo”, observó Torrealba. Bello señaló que hubo “5 embarques a la MUD”
y que el CNE respondió al ver tres protestas: una, en Bello Monte; otra que
llegó a la Universidad Bolivariana y la golpiza a diputados.
SIN DECORO. Comienza la fase II y, desde ya, se vislumbran otros cuatro
inconvenientes. Uno, los solicitantes tienen 5 días hábiles para validar las
firmas ante la oficina regional del CNE. El lapso debió ser entre el 13 y el 17
de junio, ya que la notificación formal fue el 10 de junio, pero lo convocó del
20 al 24 de junio. Dos, improvisó un proceso de “arrepentimiento” de los
firmantes, entre el 13 y el 17 de junio, que no figura en las normas. Tres, que
habrá 300 puntos de validación para 1,3 millones de ciudadanos. Y, cuatro, el
CNE “constatará
dentro de los 20 días hábiles siguientes” al lapso de validación si se
cumplió con el número de firmas validadas para promover el
referéndum/constituir la agrupación. Ese lapso iría del 20 de junio al 19 de
julio; ahora, es entre el 27 de junio y el 26 de julio. “Si (el CNE) tuviera un mínimo de
decoro escucharía el enorme rechazo a las trabas”, afirmó el presidente
de la Asamblea, Henry Ramos Allup.
Henrique Capriles agregó otras trabas: Que se
habilitará un solo centro por estado. “Las cuatro señoras del CNE atropellan los
derechos de los venezolanos”, dijo. Y que Lucena amenazó con suspender
el proceso si se presenta una “situación irregular”.
ONG de derechos humanos alertaron sobre el
impacto de la concentración en las oficinas regionales: “Se dificulta el derecho a la
participación política de quienes no viven en las capitales, es un acto de
exclusión e inequidad”.
Otros de los obstáculos es que la Comisión de
Verificación de Firmas del PSUV acudirá hoy al TSJ y a tribunales a denunciar a
la MUD por un supuesto “gran fraude” por usurpación de
identidad, rúbricas falsificadas y la incursión de 1.300 presos en apoyo a la
consulta, a pesar de estar inhabilitados por delitos cometidos.
Periodista: Enrique Arteaga Sangronis
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