La ex fiscal de Venezuela
Luisa Ortega muestra documentos que asegura son evidencia de que el presidente
venezolano, Nicolás Maduro, aceptó sobornos de la compañía brasileña Odebrect,
en Bogotá, Colombia, el martes 3 de abril del 2018. Fernando Vergara AP
Archivo
Venezuela
tiene dos tribunales supremos por estos días: uno en Caracas --sus magistrados
nombrados a dedo por Nicolás Maduro-- y otro en el exilio.
El
país sudamericano también tiene dos congresos, y dos fiscales generales, con la
que se encuentra en el exilio, Luisa Ortega Díaz, emprendiendo un juicio por
corrupción contra Maduro, acusándolo de recibir millones de dólares en sobornos
de la firma brasileña Odebrecht, mientras que el que se encuentra en Caracas se
dedica a encarcelar opositores.
En
momentos en que la implosión económica y social del país petrolero envía a
cientos de miles de venezolanos a buscar refugio en países vecinos y
funcionarios adversos al régimen se ven obligados a salir de Venezuela para
evitar prisión, algunos ven la posible conformación de un eventual gobierno
paralelo que podría estar en condiciones de desafiar al régimen en el terreno
internacional.
"Ya
están a medio camino", dijo desde Nueva York Asdrúbal Aguiar, un abogado y
ex ministro venezolano. La comunidad internacional ya considera que Maduro
encabeza "una especie de gobierno paria" y el régimen ha estado
siendo sometido a sanciones internacionales en un intento por torcerle el brazo
para que restaure la democracia.
Un
gobierno en el exilio que gane reconocimiento internacional podría propinarle
un duro golpe a Maduro, en momentos en que intenta establecer nuevas líneas de
financiamiento en el exterior para poder mantener a su régimen a flote.
"Si
ocurre algo como esto, sería una puñalada en el corazón del régimen de
Maduro", dijo Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo del Instituto
Interamericano para la Democracia, con sede en Miami.
El
gran obstáculo, por supuesto, es Maduro, quien sigue manteniendo un férreo
control del poder a través del ejército.
Pero
a comienzos de este mes, Ortega y el Tribunal Supremo en el exilio emprendieron
el juicio por corrupción a Maduro, acusando al gobernante de costarle miles de
millones de dólares a la nación petrolera al favorecer a Odebrecht con
contratos para enormes obras que nunca fueron construidas.
Aun
cuando la legitimidad está del lado de los funcionarios venezolanos exiliados,
éstos no tienen manera de hacer cumplir la ley dentro del país petrolero. Aun
así, recibieron un espaldarazo de la Asamblea Nacional esta semana, controlada
por la oposición, que por un margen de 105 votos a favor y dos en contra
aprobaron que sí existen suficientes méritos para enjuiciar a Maduro, decisión
histórica que bajo los parámetros de la Constitución automáticamente separa al
líder bolivariano del poder.
"De
acuerdo con la Constitución, el presidente es destituido automáticamente",
dijo desde Bogotá el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el
exilio, Miguel Ángel Martín, a el Nuevo Herald. "Y judicialmente, una vez
que la Asamblea Nacional nos notifique formalmente su decisión, iniciaremos la
fase de examen de evidencia, luego las audiencias y luego la fase de decisión".
El
régimen de Maduro envió una carta al gobierno colombiano en protesta por lo que
llamó un espectáculo montado por "usurpadores" de funciones desde la
sede del Congreso del vecino país.
Dentro
de Venezuela, el régimen simplemente ha optado por ignorar las decisiones del
TSJ y de la Asamblea Nacional. Pero la decisión del tribunal podría ser tomada
en serio en el exterior, en vista de que Estados Unidos y otros miembros clave
de la comunidad internacional ya han declarado que reconocen sólo la autoridad de
la Asamblea Nacional controlada por la oposición y no la versión sustituta
creada por Maduro, la Asamblea Nacional Constituyente.
En
el pasado, los gobiernos del exilio han sido formados en respuesta a la
ocupación ilegal de un país de origen, siendo el ejemplo más memorable el de
Charles de Gaulle durante la ocupación nazi en Francia. Y lo más interesante de
este concepto es que este tipo de gobierno puede llegar a obtener
reconocimiento internacional.
En
el caso de Venezuela, un gobierno en el exilio internacionalmente reconocido
podría romper conexiones importantes del régimen con la comunidad internacional
en escenarios como la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas,
dijo Sánchez, un ex ministro boliviano.
El
que su legitimidad sea desafiada tan abiertamente podría impactar
económicamente al régimen, poniendo en peligro cualquier posibilidad de recibir
más ayuda financiera de gobiernos amigos, como lo ha estado buscando
desesperadamente para mantenerse en medio del colapso económico del país y las
sanciones impuestas por Estados Unidos, Canadá y Europa, dijeron analistas.
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